Not known Facts About orden de detencion europea y entrega - asistencia legal
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b) El imputado traslade su residencia legal y habitual a un Estado distinto al Estado de ejecución.
Cuando el condenado no tenga residencia legal y habitual en España, el Juez Central de lo Penal que reciba la solicitud de la autoridad de emisión para que preste su consentimiento a que la resolución de libertad vigilada le sea transmitida, sólo podrá otorgarlo si se dan las condiciones previstas en la letra b) del apartado two del artículo anterior.
La decisión de entregar o no a una persona en base a una ODE se encuentra en un proceso exclusivamente judicial, siendo la Corte de Apelaciones en cuyo distrito el acusado o condenado tiene residencia, morada o domicilio en el momento en que la medida es recibida por la autoridad judicial competente para ejecutar una orden de detención europea.
La competencia tanto para la transmisión como para la ejecución de los distintos instrumentos de reconocimiento mutuo se distribuye entre los Jueces y Tribunales y el Ministerio Fiscal.
four. Si la causa de suspensión hiciera previsible que la misma no fuera alzada, se devolverá el formulario o certificado con todo lo actuado a la autoridad judicial de emisión.
La renuncia al abogado en el Estado de emisión podrá revocarse posteriormente en cualquier momento del proceso penal y surtirá efectos desde el momento en que se efectúe.
Una orden europea de protección se reconocerá con la misma prioridad que corresponda a estas medidas en el Derecho español, teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso, incluida su urgencia, la fecha prevista de llegada de la persona protegida al territorio del Estado de ejecución y, en la medida de lo posible, la gravedad del riesgo que corre la persona protegida.
22. Toma nota del preocupante informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 2013/forty eight/UE; insta a la Comisión a que continúe evaluando el cumplimiento de la Directiva por parte de los Estados miembros y a que adopte las medidas oportunas, incluidos procedimientos de infracción, para garantizar la conformidad con sus disposiciones; insta a la Comisión a que redoble los esfuerzos por lograr la plena aplicación de todas las Directivas sobre garantías procesales, con el fin de asegurarse de que las personas buscadas puedan acceder a una defensa efectiva en los orden de detencion europea y entrega - asistencia legal procedimientos transfronterizos; insta a la Comisión a que estudie la adopción de medidas ante las deficiencias en la aplicación de la Recomendación de la Comisión, de 27 de noviembre de 2013, relativa a las garantías procesales para las personas vulnerables sospechosas o acusadas en procesos penales(39), en individual en lo que respecta a los adultos vulnerables;
a) La obligación de la persona de comunicar a la autoridad competente del Estado de ejecución cualquier cambio de domicilio, en specific para poder recibir citaciones a comparecer en las diligencias de prueba o vistas en el transcurso de las actuaciones penales.
4. Los apartados anteriores no serán de aplicación cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
b) Que el imputado solicite trasladarse a un Estado distinto del de su residencia y la autoridad competente de este Estado así lo consienta.
forty three. Pone de decrease las exigencias del TEDH y los requisitos establecidos en la Directiva 2013/forty eight/UE y la Directiva 2010/64/UE; recuerda que garantizar un tiempo adecuado para preparar un caso y disponer de un acceso completo y rápido a los materiales del caso mejoraría la calidad de la representación; destaca que, habida cuenta del carácter transfronterizo de los procedimientos de orden de detención europea, que frecuentemente implican a acusados que no hablan la lengua del Estado miembro de ejecución, garantizar el acceso a servicios de interpretación en la fase inicial de los procedimientos, y, en unique, facilitar la comunicación con los abogados, constituye una garantía esencial de un proceso equitativo y un requisito con arreglo a la Directiva 2010/sixty four/UE; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que velen por que el derecho a la asistencia de letrado y a la asistencia jurídica gratuita tanto en el Estado miembro de emisión como en el de ejecución esté garantizado tanto por ley como en la práctica;
En definitiva, la presente Ley se configura como un instrumento integrador que, además de dar cumplimiento a las obligaciones normativas europeas, responde al this contact form compromiso de mejora de la cooperación judicial penal en la Unión Europea y la lucha contra la criminalidad, garantizando la seguridad y los derechos de los ciudadanos como fin irrenunciable del Estado.
23. Pide a los Estados miembros que doten de flexibilidad a los regímenes lingüísticos de la orden de detención europea y que desarrollen y apliquen prácticas comunes a este respecto, respetando al mismo tiempo el derecho a interpretación y traducción de las personas en los procesos penales, de conformidad con la Directiva 2010/64/UE; pide a los Estados miembros, en este contexto, que introduzcan los mecanismos necesarios para evitar retrasos u obstáculos; lamenta que la Decisión Marco relativa have a peek at this web-site a la orden de detención europea no fije plazos para la transmisión de órdenes de detención europeas traducidas;